Carlos Alfonso Velásquez A. | ¿NO DISCRIMINACIÓN?
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¿NO DISCRIMINACIÓN?

Recientemente conocimos la noticia de que en “ceremonia especial” la Secretaría de Hábitat Distrital otorgó un subsidio de vivienda de poco más de $11M a una “pareja” gay. Fue un logro más en el camino de los alcanzados por el movimiento de defensa de los derechos LGBT que llegó al punto en que lo único pendiente en la agenda de los derechos de los homosexuales está reducido al matrimonio y a la adopción.

Por lo anterior el país está “a la vanguardia” en este campo, pero la realidad es que  “avanzamos” hacia la retaguardia en nuestra salud social.  Ese “progresismo” proviene de la distorsión del criterio de quienes toman decisiones públicas – así sean bien intencionadas -,  cuando tienen la concepción de que los derechos individuales, por exagerados que sean, prevalecen sobre el bien común público. Veamos.

El matrimonio y la familia, existen mucho antes que el Estado en el orden cronológico, social y ontológico. Así pues, no es el Estado el que crea el matrimonio. Entonces ¿por qué los estados tienden a reconocerlo y beneficiarlo? Sencillamente porque la unión entre hombre y mujer es el único vínculo que puede generar nuevos seres humanos imprescindibles para la sociedad. Por esto, la meta del reconocimiento jurídico del matrimonio ha sido, al menos hasta ahora, el bien de los hijos: si no se protegen y educan, no tendremos una nueva generación de ciudadanos capaces de asumir su papel en la libertad ordenada que es la vida en sociedad.

Hasta hace poco, el Estado hacía lo que podía para fortalecer el vínculo matrimonial, y por ende, el bien de los hijos. Pero últimamente esto se ha ido diluyendo en detrimento de la sociedad: gran parte de la raíz de la delincuencia, drogadicción o alcoholismo en los adolescentes se encuentra en matrimonios disfuncionales. Pero para no ir más lejos, preguntémonos si el subsidio mencionado beneficia el vínculo matrimonial facilitando el techo de unos hijos. ¡No! lo que hace es aprobar, favorecer y exaltar una unión que pretende un emocional bien privado.

Algunos dirán que se trata de aplicar el principio de la no discriminación de nuestro ordenamiento. Pero resulta que con esa “lógica” se está discriminando a otras personas pues hay varios otros estilos de vida que quedan sin ese tipo de apoyo estatal. Por ejemplo, ¿por qué no reciben ese subsidio dos amigos que quisieron mantenerse solteros y que, por economía, decidieron vivir en un apartamento? Porque de acuerdo al criterio aplicado ¡para lograrlo tendrían que certificarse como “gays”!

Y si se trata de seguir favoreciendo el bien privado emocional podríamos seguir con situaciones que pueden presentarse en tiempos más o menos cercanos. Tendríamos que legitimar, por ejemplo, la heteropoligamia (de uno con unas), o ¿porqué no legitimar la unión que tengo hace muchos años con mi mascota con quien mantengo un estrecho vínculo emocional?

Es hora de hacer un alto en el camino y entender que es diferente el respeto que se debe  a los “gay” a su exaltación. 

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