Carlos Alfonso Velásquez A. | RESCATAR EL SERVICIO DE INTELIGENCIA
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RESCATAR EL SERVICIO DE INTELIGENCIA

RESCATAR EL SERVICIO DE INTELIGENCIA

Los artículos de la Revista Semana sobre oscuras acciones de personas, al parecer integrantes de organismos de Inteligencia Militar, obligaron la apertura de investigaciones, que ojalá arrojen resultados creíbles, indispensables para restituir la legitimidad golpeada tanto del Ejército como del Gobierno. Es más, urge aprovechar la oportunidad para rescatar el servicio de Inteligencia Militar con medidas complementarias a las penales y/o disciplinarias, lo cual cae en la órbita de responsabilidad del Ministerio de Defensa.

Es que, en un Estado Social de Derecho bajo un régimen democrático, la inteligencia estatal constituye uno de sus activos estratégicos porque las autoridades del poder ejecutivo frecuentemente toman decisiones que inciden para bien o para mal en la seguridad y defensa nacional. Y la inteligencia (información analizada y procesada) provee insumos claves para que dichas decisiones sean oportunas y acertadas. La producción de inteligencia para la presidencia es responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia que debe obtener información pertinente de otros organismos, como los de Inteligencia Militar en lo atinente a las amenazas internas y externas. La Policía Nacional también posee sus órganos de inteligencia que, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, orientan su labor a la prevención y represión del delito y al análisis y procesamiento de información que contribuya a la investigación criminal. Así las cosas, hay que llamar la atención en el desvío corrupto de los miembros de la Inteligencia Militar que estarían detrás de las acciones mencionadas en los artículos de Semana, o ¿será que interceptar comunicaciones de políticos opositores, u hostigar periodistas tienen que ver con la seguridad y la defensa nacional?

Ahora bien, las labores de inteligencia deben ser realizadas por personas – civiles, militares o policiales- debidamente escogidas y preparadas para esa tarea, que ante todo demanda el ejercicio de altos estándares de ética profesional, porque en su ejecución hacia el interior del país, hay dos fuentes de riesgos que de no contrarrestarse- responsabilidad del alto mando militar o policial y del Gobierno- pueden conducir a graves injusticias e incluso crímenes.

La primera es la ideologización. Esta nubla la mirada obstaculizando el análisis y procesamiento objetivo de la información, que a la vez puede llevar a caer en el error de considerar a determinadas ideologías o miembros de partidos como una amenaza para la seguridad de la democracia, por lo cual se considerarían enemigos. Peligrosa equivocación que de darse convierte a la inteligencia en un mecanismo de persecución política a ciudadanos que piensen distinto al Jefe de Estado de turno, como ocurrió durante los gobiernos de Uribe (chuzadas y seguimientos a periodistas y juristas) y parecería quererse reeditar en el actual gobierno.

La segunda fuente de riesgo está en que la actividad de inteligencia es reservada y frecuentemente secreta. Esto implica que, si no se establecen controles adecuados, puede dar lugar a prácticas abusivas o corruptas como cuando los gastos reservados se emplean para fines diferentes a la búsqueda de información.

Por todo lo anterior deben reajustarse los procedimientos de control tanto interno como político, para lograr que el servicio de Inteligencia estatal cumpla el cometido para el que fue creado.

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