Entre 1989 y 1991 el M-19 tuvo éxito político porque sus cabezas (Carlos Pizarro, Antonio Navarro y otros) actuaron genuinamente en pro de la negociación de la paz política, sirviendo incluso de ejemplo a otras organizaciones guerrilleras que poco después entraron en la ola negociadora. Aquella que, a través del consejero Rafael Pardo, les propuso el gobierno Barco y continuó Gaviria en un período en el que la violencia narcoterrorista tenía al país tan postrado que la mejor ruta que se vio para seguir adelante, fue la de convocar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución con el concurso de todas las tendencias ideológicas.
Ahora bien, gracias a los visos de magnanimidad del gobierno que les concedió indulto y amnistía a la gran mayoría de los miembros de esa guerrilla sin que hubieran reparado a las víctimas, buena parte de la sociedad fue olvidando los episodios negros de su periplo delictivo-revolucionario tales como el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, la toma de la Embajada de la República Dominicana, el asalto al Palacio de Justicia y el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, cuya enhiesta actitud les desarmó los ánimos hasta que lo dejaron en libertad, produciéndose así el detonante a la negociación de la paz.
Aún más, dicho proceso de olvido fue adquiriendo trazos de “perdón social” debido al buen desempeño político y social de varios de los militantes del M19 que, cumpliendo sus compromisos, se mantuvieron en la lucha política sin volver a las armas, pese al asesinato de Carlos Pizarro, su principal líder. Y tanto avanzó el “perdón social” que poco más de treinta años después Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, entre otras razones, como reconocimiento a los debates que suscitó contra la corrupción y la connivencia con el paramilitarismo.
Sin embargo, con el ejercicio del poder ejecutivo por parte de Petro, dicho “perdón social” ha venido retrocediendo por sendas actitudes y equivocaciones del presidente. La más amplia de estas se condensa en el siguiente trino de @NataliaDeLaV: “Jamás me imaginé que a un hombre que llegara a la presidencia después de tres décadas en el congreso se le tendría que aclarar que para ejecutar un programa de gobierno no hay que cambiar la Constitución, solo gobernar”. Pero ha habido otras actitudes con las que Petro demuestra que no tiene intenciones verdaderas de avanzar en el “perdón social”- y en la pacificación del país- como celebrar el ondeo de la bandera del M19 en un colegio de Zipaquirá y el propósito de convertir al sombrero de Carlos Pizarro en símbolo nacional.
Lo cierto es que, a pesar de los discursos sobre la paz total que tanto pregona el gobierno y de los deseos planteados en la ONU de “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”, la realidad reflejada en las estadísticas arroja unos resultados deprimentes. De acuerdo con un informe de comienzos de este año del Ministerio de Defensa Nacional, en el 2023 hubo en Colombia un total de 13.432 homicidios; lo que equivale a un promedio de 258 muertes por semana; es decir, 36 por día; una cantidad alarmante en cualquier país escasamente civilizado. No es sino mirar hacia España – país con el que tenemos estrechos vínculos históricos y culturales– que tuvo en todo el año pasado 336 homicidios; casi los mismos que hay en Colombia en un lapso de diez días. Es más, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en España es de 0,61 frente a 26,88 en nuestro territorio.
Es que, no solo respecto a la paz, Petro ha sido errático, confuso, poco eficiente y hablador en demasía, tanto personalmente como a través de su cuenta en X, donde la mayoría de los mensajes son polarizantes, desafiantes megalómanos y ponzoñosos. Menos mal, después de las dos primeras legislaturas quedó demostrado que nuestra institucionalidad funciona y que el tal “bloqueo institucional” no es sino parte de la búsqueda de excusas a la incompetencia gubernativa.