Durante el primer año de conversaciones, que no negociaciones, entre el Gobierno y el Eln se han desarrollado cuatro ciclos con avances aceptables: se ajustó la agenda, se hicieron precisiones y se puso a andar lo acordado con el “Comité Nacional de Participación”, se oficializó un cese de fuego bilateral nacional y temporal por 180 días, se han realizado algunos foros con diferentes sectores en distintas zonas del país. En fin, desde el ángulo de las luces o claridades se va andando.

Sin embargo, hechos que han afectado el orden público ocurridos durante el mismo lapso han hecho surgir sendos interrogantes que demandan respuestas satisfactorias en aras de la credibilidad en el proceso. Es pues hora de establecer ¿qué está realmente pasando con la capacidad operacional de nuestra Fuerza Pública? ¿Por qué han aumentado el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, con todos sus efectos devastadores? ¿Por qué y para qué la nueva modalidad de ‘retener’ a militares por parte de comunidades aparentemente instrumentalizadas? ¿Se va a dejar avanzar esta modalidad sin sentar inequívocos mensajes de autoridad?

De la claridad con que se respondan los anteriores interrogantes, dependen en alto grado los reajustes que están demandando tanto la política de “Paz total” como la política de “Seguridad, defensa y convivencia ciudadana”. Aún más, el acierto en los necesarios reajustes también depende de la certeza detrás de las respuestas a las preguntas que siguen, lo cual requiere, entre otros aspectos, la revaluación y mejoramiento de los servicios de inteligencia estatales. ¿Con quién se está ‘negociando’? ¿Qué se está negociando, el modelo de Estado o solo la desmovilización? ¿Cuál es la mejor dosificación y combinación estratégica de la zanahoria y el garrote? ¿Cómo detener y reversar la percepción de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, divididas y en confrontación con el Ejecutivo? ¿Qué postura hacia los actores ilegales del conflicto buscamos de gobiernos vecinos como el de Venezuela?

En fin, lo cierto es que esta semana se debe dar comienzo al quinto ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Eln en México, siendo la erradicación del secuestro el principal tema a tratar, debido al “golpe de realidad” que sufrió la ejecución de este delito con la reacción nacional e internacional ante el plagio del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Reacción generalizada y solidaria que, como era de esperar, se extendió hacia todas las familias con personas secuestradas. Es que este delito quedó en su verdadera dimensión como crimen de lesa humanidad que no admite la más mínima justificación. Al respecto alias Antonio García reafirmó recientemente su postura pretendiendo justificarlo de manera sutilmente chantajista en Red+Noticias: “Si el estado no nos financia mientras negociamos no habrá cese al fuego…Ahora es inevitable solucionarlo (las finanzas)  por cuanto se nos solicitó acordar un cese al fuego bilateral por seis meses, y no podríamos seguir si no se soluciona el asunto económico, pues a los guerrilleros hay que cubrirles la comida, la salud, las condiciones de vida básicas de cualquier tropa”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que sin un compromiso inequívoco del Eln y los otros grupos frente al secuestro, es inviable negociar la terminación de los conflictos, la salida más viable para destrabar el proceso consistiría en acotar con precisión las áreas rurales donde podrán permanecer tanto el Eln como los diferentes grupos, mientras se terminan las conversaciones y se acuerdan ceses definitivos del fuego y de hostilidades. De esta manera y previos compromisos básicos como no haber presencia armada en cascos urbanos de grupos al margen de la ley, podría el Gobierno, con el apoyo internacional, cubrir en especie las necesidades como las de alimentación, alojamiento vestido y salud de los guerrilleros mientras se adelantan las negociaciones.